Por: Enrique Carpizo.
Las elecciones de junio de 2021 dieron pie a que las alianzas políticas pongan en riesgo la votación para determinar si se revoca o no el mandado de Andrés Manuel López Obrador, quien al parecer tuvo algo que ver con la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en el expediente SUP-JDC-352/2018 y su acumulado, misma que motivó la emisión del Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba el Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva.
Es tal la desesperación por arrasar votos que comienza la legitimación de ideas para reconocer el derecho al voto de personas privadas de su libertad.
Si bien parece positivo, lo cierto es que en México no se hacia debido a la existencia de políticos sin escrúpulos que con tal de ganar una elección podrían prometer la libertad a personas presas a cambio de su voto.
Como se sabe, las personas privadas de su libertad son objeto de múltiples engaños o promesas no cumplidas con respecto a su liberación, siendo la idea de un decreto presidencial que los libere: una excelente oportunidad para arrebatarles su voto.
Ahora, no toda la gente está lista para ser liberada de la noche a la mañana, es decir, sin una corresponsabilidad del gobierno federal o local. En México, no hay un programa de reinserción social efectivo donde no solo se prepare al ex convicto para asumir su libertad con antecedentes penales, sino también a la sociedad para aceptar la convivencia sin discriminarlo, esto es, al Estado le falta educar más sobre el derecho al olvido y, sin ese preámbulo, corren riesgo aquellos que por decreto político queden en libertad sin previamente incluirlos en programas donde se les atienda e indemnice, ya sea por cuestiones de edad, salud física o mental, nula situación económica o ausencia de familia o amigos para arropar su libertad.
El Estado no puede evadir esa responsabilidad, pues la experiencia indica que algunos exconvictos vuelven a delinquir con tal de regresar a la cárcel debido a que afuera no tienen nada, ni amigos, ni comida, ni techo y menos trabajo, por eso, el Estado no puede eludir su responsabilidad al haber desgraciado la vida de quienes permanecen o permanecieron privados de su libertad de manera injusta.
Aquellos que salen de la cárcel a seguir con sus negocios millonarios o a unirse con una familia o amigos que nunca los abandonaron, pues tienen mejores alternativas de enfrentar la vida en libertad, pero en México, insisto, no existen programas sociales efectivos de apoyo a ex reos aprisionados de manera ilegal y tampoco hay manera de garantizar su reinserción social, por ende ¿qué pasará con aquellos que requieren cuidados especiales debido a su estado de salud física o mental? La ambición por arrasar votos no debe generar una infamia disfrazada de libertad, de lo contrario, solo será la antesala de la continuidad del mandado de Amlo y de una elección de 2024 a favor de Morena, cuando en realidad debería ser la posibilidad de redimir injusticias y brindar una indemnización al ex reo por aprisionarlo de manera ilegal.
Sí a la liberación de reos, siempre y cuánto se cumpla —en ciertos casos— con el mínimo de apoyos que su libertad requiere, dejarlos libres sin darles la atención debida y su respectiva indemnización por prisión injusta, es como abandonarlos en el desierto o tirarlos en alta mar y decirles: son libres, disfruten y no se olviden de quien los liberó… voten por mí, soy Amlo.
Reitero, el directamente responsable de tener a los reos presos de manera ilegal: es nada menos que el Estado, lo cual, implícitamente reconoce el Presidente López Obrador al liberarlos ¿no? De esa manera, Amlo está consciente de un sistema judicial y penitenciario mal ejercido, pero quizá esté olvidado que, en materia administrativa, ello conlleva una indemnización, pues el Estado no puede quedarse en las disculpas, sino que en todo caso debe compensar a quien perdió años de su vida en la cárcel de manera ilegal, de ahí el origen de la Comisión para la Atención de Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos y la firma de múltiples tratados internacionales que obligan a la nación mexicana a resarcir los abusos cometidos por sus autoridades.
Considero que Amlo deberá pedir a la Secretaría de Hacienda fondos suficientes para pagar a quienes injustamente estuvieron encarcelados de manera ilegal y, adicionalmente, implementar un programa especial y efectivo de atención a exconvictos, además de darles una pensión vitalicia para que puedan hacer frente a su libertad, pues dicha prisión injusta: quizá destruyó vidas, familias y/o patrimonios.
Estos argumentos le suceden a mi columna denominada “Liberación de reos con 10 años en prisión y sin sentencia: ¿beneficio o condena a la indigencia?”, publicada en JuicioTv
https://www.facebook.com/347634276433749/posts/472613837269125/?d=n
Si el Estado va a comerciar con el voto de los reos, que al menos cumpla con una adecuada reinserción social, es decir, sin afectar a los millones de mexicanos que, sin ser delincuentes o exconvictos, también esperan apoyo por vivir en una cárcel social denominada pobreza.
Espero que el decreto presidencial no sea otro show para manipular a los presos y ganar su voto a favor de Amlo y/o Morena. Reitero, si van a reconocer la posibilidad de votar desde la cárcel y también van a liberar a reos encarcelados de manera injusta, el Estado debe reconocer su obligación de incluirlos en un programa de atención efectiva, así como el derecho a una indemnización por prisión injusta y otras prerrogativas necesarias para evitar que la cárcel siga siendo un emporio de abusos y corrupción. Recuerden: no solo es liberar por liberar y el Presidente lo sabe, incluso, lo alerté en la citada columna que escribí para JuicioTv.
Fuente: #EnriqueCarpizo#JuicioTv
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