Cancún.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue vinculado a proceso por un quinto delito, el segundo a nivel federal que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR), en este caso por su probable responsabilidad en la comisión de Delincuencia Organizada, dentro de la causa penal 541/ 2019.
Este delito está relacionado con otros dos – por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, según la causa federal 381/ 2017 y Peculado, en la causa penal del fuero común 159/ 2017– que dieron pie a su detención en Panamá el 4 de junio de 2017, y su posterior extradición.
A Borge se le acusa de actuar en complicidad con funcionarios públicos durante su gestión, familiares, amigos y empleados, en la probable enajenación, adquisición y ocultamiento del origen, destino, movimiento, propiedad y titularidad de 22 bienes inmuebles de la reserva territorial, entonces administrada por el Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE).
Conforme al razonamiento de la FGR, conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, primero se configuró el delito de peculado, luego el de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, finalmente, “al análisis de esos dos, se llega a la conclusión que igualmente las conductas desplegadas por los imputados (entre ellos, Borge), configuran inicialmente el delito de Delincuencia Organizada”, por el cual un juez federal lo ha vinculado a proceso.
Desde finales del 2019, la FGR intentó hacer la nueva imputación por Delincuencia Organizada a Borge Angulo, pero necesitaba la autorización del gobierno de Panamá, toda vez que solo podía juzgarlo por aquellos delitos que fueron materia de la solicitud de extradición.
Esos cuatro ilícitos se encuentran asentados en una causa penal federal, la 381/ 2017, por Recursos de Procedencia Ilícita, y tres del fuero común: La 159/ 2017, por Peculado; la 151/ 2017, por Aprovechamiento Ilícito y la 154/ 2017, por Desempeño Irregular de la Función Pública.
El 21 de enero del 2020, la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR, solicitó a Panamá el levantamiento de la regla de especialidad para ampliar los delitos en materia de extradición, al exgobernador, a fin de imputarle el delito de Delincuencia Organizada en la modalidad de la comisión de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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