Será en la primera quincena de agosto cuando se haga el primer movimiento del primer convoy del Tren Maya, se informó esta mañana durante la conferencia del presidente López Obrador.
Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México, recordó que el primer tren se entregará el 8 de julio de este año y remarcó que se trata de tecnología de 72 por ciento de contenido nacional, por lo que es “un tren para México, hecho en México producido en Ciudad Sahagún, Hidalgo”.
Cada convoy, agregó, medirá alrededor de 30 metros de longitud, algunos serán de cuatro vagones y otros de ocho, en ambos casos con dos cabinas.
Ramos Gómez detalló que una vez entregado el tren, se tendrá que trabajar en el acoplamiento a la vía y realizarse las pruebas estáticas desde prenderlo, verificar que funcione toda la parte eléctrica y de energía, los baños, el sistema de agua, que funcionen todas las tomas, ente otras.
Una vez concluidas esas pruebas, corresponderá ponerlo en movimiento, lo que se estima se hará el 8 de agosto, aunque “estamos pensando ajustarlo al 12 y 13 de agosto, en el marco de las giras (presidenciales) del Tren Maya”.
La intención, agregó, es hacer la primera prueba dinámica y ponerlo en la vía y así poder empezar a hacer los 15 mil kilómetros de pruebas que se tienen que hacer en este tren, a fin que en diciembre se entreguen los primeros 13 trenes, seis de ellos completamente probados”.
En su turno, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, apuntó que en el tramo uno del proyecto -que corre 226 kilómetros de Palenque a Escárcega- se ha concluido la vía en 127 kilómetros “y las obras complementarias van muy adelantadas”.
Al respeto, indicó que se tiene un avance de 86 por ciento de los cuatro viaductos, 82 por ciento de 12 puentes, 93 de las 418 obras de drenaje y 85 por ciento del Centro de Atención a Visitantes de la zona arqueológica de Palenque, 72 del boulevard de Palenque y 76 por ciento de los 203 pasos peatonales, vehiculares o de fauna.
El funcionario refirió que todas estas obras han generado 13 mil empleos en este tramo. Añadió que se tiene 100 por ciento del riel requerido, 90 por ciento de los durmientes y 92 del balasto.
Al ampliar los cuestionamientos en torno a Sonia Vargas, recientemente incorporada al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial -designación cuestionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador-, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dijo que ella es directamente responsable de la firma de contratos por un monto de 71 millones 600 mil dólares durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Encuadró esta operación como parte de una trama de corrupción que se realizó bajo la gestión de Genaro García Luna a su paso por la administración pública federal.
Durante la conferencia de prensa, Gómez detalló un conjunto de contratos que involucran a otros funcionarios de la Policía Federal Preventiva y de la secretaria de Seguridad Pública y que conforman el núcleo central de la demanda que ha presentado el gobierno mexicano para recuperar 700 millones de dólares surgidos de operaciones ilícitas e involucrados en triangulación de lavado de dinero.
Dijo que por ahora la denuncia se encuentra detenida por una apelación de la defensa de estos funcionarios involucrados que cuestionan la competencia del Tribunal en Florida. Señaló que esto deberá resolverse próximamente para continuar por el proceso emprendido para recuperar los recursos extraídos al erario.
Entre los funcionarios que mencionó involucrados en firma de contratos mencionó a Rodrigo Esparza, comisionado de la Policía Federal con un contrato por un monto de 69 millones 100 mil dólares; Humberto Martínez, director general de Apoyo Técnico de la a policía Federal con 38.8 millones de dólares; Luis Cárdenas Palomino, con 2.5 millones de dólares; Rafael Avilés, jefe de la División de Fuerzas Federales, con 12 millones de dólares.
En cuanto al gobierno de Enrique Peña Nieto, se involucra al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con 253 millones de dólares y 67 millones de pesos; Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Previsión y Readaptación Social, 88 millones de pesos.
Gómez aseguró que no se trata de irregularidades en el desempeño de un funcionario público, sino de un «gigantesco mecanismo de succión de dinero público, ronda en 700 millones de dólares, que es una cantidad muy grande. México ha acudido a tribunales civiles de Florida donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y dinero para que sea restituido a México.»
Fuente: La Jornada Maya
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